Homicide
Un acto que causa la muerte, que va desde el crimen hasta la acción legal del Estado.
El homicidio es un acto en el que una persona causa la muerte de otra, requiriendo únicamente un acto volitivo o una omisión. Abarca una amplia gama de categorías legales, desde el asesinato y el homicidio culposo hasta el homicidio justificable y las muertes sancionadas por el Estado, y se trata de manera diferente en las distintas sociedades humanas. La distinción legal entre asesinato y homicidio culposo se atribuye históricamente al antiguo legislador ateniense Dracón en el siglo VII a. C. El homicidio criminal se divide ampliamente en asesinato y homicidio culposo según el estado mental y la intención del perpetrador. El asesinato, el cargo más grave, a menudo conlleva penas como la cadena perpetua o la pena capital. Frecuentemente se clasifica por grados: el asesinato en primer grado implica una muerte intencional, ilegal y premeditada, mientras que el asesinato en segundo grado es intencional pero sin premeditación. Algunas jurisdicciones aplican la regla del asesinato en la comisión de un delito grave, donde una muerte que ocurre durante un delito peligroso —incluso accidentalmente o causada por un tercero— puede resultar en una condena por asesinato independientemente de la intención de matar. El homicidio preterintencional ocurre cuando acciones destinadas a causar daño causan la muerte sin intención, generando responsabilidad por la muerte. El homicidio culposo implica matar sin intención de hacerlo o bajo una perturbación emocional que afectaría a una persona razonable; incluye el homicidio culposo voluntario (intencional pero no premeditado, en el calor de la pasión) y el homicidio culposo involuntario (muerte no intencional por imprudencia o negligencia). El homicidio culposo constructivo puede aplicarse cuando la muerte resulta de la violación de una ley de seguridad. No todos los homicidios son criminales; las excusas legales incluyen la legítima defensa, la incapacidad mental, la defensa de la infancia (donde los niños por debajo de cierta edad no son penalmente responsables) y el homicidio justificable, como el uso de fuerza letal por parte de un agente de policía para proteger vidas o una muerte en el campo de batalla durante una guerra. Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito documentó que casi 464.000 personas en todo el mundo fueron asesinadas en homicidios en 2017, superando con creces las 89.000 muertas en conflictos armados ese mismo año.
Quick Facts
- Definition
- Act causing death of another
- Legal categories
- Murder
- manslaughter
- justifiable homicide
- assassination
- killing in war
- euthanasia
- capital punishment
- Broad criminal divisions
- Murder and manslaughter
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Contexto y trasfondo
El homicidio se define como un acto volitivo u omisión que causa directamente la muerte de otra persona. No requiere intención de matar; las acciones accidentales, imprudentes o negligentes pueden constituir homicidio. El acto se clasifica en varios tipos legales superpuestos, que incluyen asesinato, homicidio culposo, homicidio justificable, asesinato selectivo, muerte en la guerra (que puede ser legal o un crimen de guerra), eutanasia y pena capital. Estas categorías se tratan de manera muy diferente en las distintas sociedades: algunas son delitos penales, mientras que otras están permitidas o incluso exigidas por la ley. El homicidio criminal se divide ampliamente en asesinato y homicidio culposo, distinguidos por el estado mental y la intención del perpetrador. El asesinato, el cargo más grave, a menudo conlleva penas como la cadena perpetua o la pena capital. Típicamente se divide en primer grado (muerte intencional, ilegal y premeditada) y segundo grado (muerte intencional pero no premeditada). Algunas jurisdicciones aplican la regla del asesinato en la comisión de un delito grave, donde una muerte que ocurre durante un delito grave peligroso —incluso accidentalmente o causada por un tercero— puede ser acusada como asesinato. El homicidio culposo implica matar sin intención de hacerlo, o como resultado de circunstancias que provocarían que una persona razonable perdiera el control emocional. Incluye el homicidio culposo voluntario (intencional pero no premeditado, en el calor de la pasión) y el homicidio culposo involuntario (no intencional, resultante de actos imprudentes o negligentes). Un homicidio preterintencional ocurre cuando acciones destinadas a causar daño causan la muerte sin intención. No todos los homicidios son criminales; las excusas legales incluyen la legítima defensa, la incapacidad mental, la defensa de la infancia y el homicidio justificable (por ejemplo, un agente de policía que usa fuerza letal para proteger una vida o una muerte en un campo de batalla). La disponibilidad de tales defensas puede influir en las tasas de homicidio.
Guía del lector
El asesinato es el delito de homicidio más grave, a menudo castigado con cadena perpetua o pena capital. Se divide en primer grado (premeditado, intencional) y segundo grado (intencional pero no premeditado). Algunas jurisdicciones aplican la regla del asesinato en la comisión de un delito grave, donde una muerte durante un delito peligroso constituye asesinato independientemente de la intención. El homicidio culposo incluye el voluntario (intencional pero en el calor de la pasión) y el involuntario (no intencional por imprudencia o negligencia). No todos los homicidios son criminales; las excusas legales incluyen la legítima defensa, la incapacidad mental, la defensa de la infancia y el homicidio justificable (por ejemplo, por parte de la policía o en la guerra). Los agentes del Estado pueden cometer homicidios de manera legal (pena capital, guerra) o ilegal (ejecuciones extrajudiciales, crímenes de guerra, genocidio). El término 'democidio' describe el asesinato por parte del gobierno. Las matanzas masivas por parte de los estados se clasifican como desposesivas o coercitivas, con ejemplos que incluyen el Holodomor, el Holocausto y el genocidio armenio.
La arquitectura legal de la justificación
El concepto de homicidio justificable funciona como un escudo dentro del derecho penal, ofreciendo una defensa contra los cargos de homicidio culpable, ya sea criminal o negligente. En esencia, la defensa impone a la parte que la alega la carga de presentar pruebas que exculpen el acto. El umbral probatorio varía según el contexto: los cargos penales exigen pruebas más allá de toda duda razonable, mientras que las reclamaciones civiles por hechos ilícitos operan bajo el estándar más flexible de la preponderancia de la prueba. El elemento fundamental que separa una muerte justificada de una criminal es el estado mental del actor en el momento del acto. La ley exige que fuera objetivamente razonable que la persona creyera que enfrentaba una amenaza inminente —que no podía evitarse de otro modo— de muerte o daño corporal grave a una parte inocente. Este estándar de creencia razonable ancla todo el marco de justificación, asegurando que la defensa no sea meramente una afirmación subjetiva, sino una basada en lo que una persona racional en esa situación habría percibido como un peligro inevitable.
Un mosaico global de condiciones eximentes
En todo el mundo, las circunstancias bajo las cuales una muerte escapa a la responsabilidad penal forman un tapiz notablemente diverso. En las jurisdicciones que mantienen la pena capital, la ejecución autorizada por el Estado sigue siendo una categoría reconocida. El derecho internacional también permite la muerte de combatientes enemigos durante una guerra legítima, siempre que el objetivo no esté fuera de combate. Las reglas de legítima defensa varían drásticamente: algunos sistemas legales imponen el deber de retirarse antes de usar fuerza letal, mientras que otros adoptan la doctrina del castillo, que permite la resistencia letal contra intrusos en el propio hogar, o las leyes de 'stand your ground' que extienden ese derecho a vehículos y espacios públicos. La doctrina de la necesidad ofrece un camino más estrecho —ilustrado por el hipotético caso de un cirujano que separa a gemelos siameses— aunque Inglaterra y Gales no la reconocen. La eutanasia, tanto activa como pasiva, está legalmente sancionada en países como los Países Bajos, Bélgica, Suiza, Japón y Canadá, así como en Oregón y Washington. La defensa de provocación, que en muchos sistemas de derecho común reduce el asesinato a homicidio culposo, refleja un juicio de que la pérdida repentina del control puede eximir de plena responsabilidad penal. Mientras tanto, un pequeño número de jurisdicciones, incluyendo Irán e Irak, no procesan los asesinatos por honor, mientras que Kuwait y Egipto imponen penas reducidas.
Protecciones codificadas en Europa y Sudáfrica
El Convenio Europeo de Derechos Humanos aborda el uso de la fuerza letal a través del Artículo 2, Párrafo 2, que establece tres escenarios específicos en los que quitar una vida no violará el derecho a la vida: defender a una persona de la violencia ilegal, efectuar una detención legal o impedir la fuga de una persona detenida, y sofocar legalmente un motín o insurrección. La restricción unificadora en los tres casos es que la fuerza empleada no debe ser más que absolutamente necesaria, una frase que establece un listón deliberadamente alto para los agentes del Estado. La evolución legal de Sudáfrica ofrece un contraste sorprendente en la filosofía legislativa. Bajo la disposición revisada, la fuerza letal se justifica solo cuando el arrestante cree razonablemente que es inmediatamente necesaria para proteger a alguien de una muerte inminente o daño grave, que el sospechoso representa un riesgo sustancial de tal daño si la detención se retrasa, o que el delito en curso implica violencia potencialmente mortal.
Clasificación, estadísticas y fuerza letal estatal en la práctica
La Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión, incluye una categoría llamada intervención legal para las muertes causadas por las fuerzas del orden y otras personas con autoridad legal para usar fuerza letal mientras actúan en el cumplimiento de su deber. Es importante destacar que esta clasificación es puramente estadística y no conlleva ningún juicio sobre si las circunstancias específicas de la muerte fueron legales o justificadas. Las ejecuciones legales están explícitamente excluidas de esta categoría. La magnitud de tales muertes, aunque es una fracción de la mortalidad general relacionada con la violencia, sigue siendo significativa. Esta cifra subraya que incluso dentro del recuento anual de muertes violentas de un solo país, una parte mensurable implica el uso de fuerza letal sancionada por el Estado o adyacente a este. La distinción entre un fallo de homicidio no criminal y un acto criminal a menudo depende de si la muerte ocurrió en legítima defensa o en defensa de otro, una determinación que depende en gran medida del marco legal específico de la jurisdicción y de los estándares probatorios aplicados en ese sistema legal en particular.
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