Bail

La fianza se refiere a las condiciones impuestas a una persona acusada de un delito antes del juicio, destinadas a evitar que interfiera con el proceso legal. Los tribunales pueden conceder la libertad bajo fianza para permitir que un acusado sea liberado condicionalmente, con el entendimiento de que se presentará cuando sea necesario. En lugares como Estados Unidos, la fianza a menudo implica pagar dinero u ofrecer una propiedad al tribunal a cambio de la liberación; si el acusado no se presenta, ese dinero se retiene y puede enfrentar nuevos cargos. Si asiste a todas las audiencias requeridas, el dinero se devuelve después de que finalice el juicio. En el Reino Unido, por el contrario, la fianza generalmente implica un conjunto de reglas que el acusado debe seguir durante un tiempo determinado, y puede concederse antes o después de que se formule un cargo formal; la fianza previa a la acusación a veces se denomina fianza policial y mantiene al acusado en libertad mientras está bajo investigación. Para delitos menores, un acusado puede simplemente ser citado ante el tribunal sin ninguna fianza, o ser puesto en libertad bajo su propia responsabilidad (una promesa de comparecer, sin necesidad de dinero) después de una lectura de cargos. Para delitos graves, o si es probable que el acusado no se presente al tribunal, puede ser detenido (en prisión preventiva) mientras espera el juicio. La fianza se utiliza cuando la detención no está justificada pero se necesita algún incentivo para garantizar que el acusado se presente. El monto de la fianza puede variar según el tipo y la gravedad del delito, y la forma en que se fija ese monto difiere según la jurisdicción. Las leyes de fianza en Australia se asemejan a las de Nueva Zelanda y Canadá, pero difieren según el estado. Generalmente, un acusado tiene un derecho prima facie a la fianza para la mayoría de los cargos si la solicita. Sin embargo, para cargos muy graves, como tráfico de drogas, violencia doméstica o asesinato, no existe un derecho automático, y el acusado debe argumentar que circunstancias específicas justifican la concesión de la fianza. En Victoria, se puede denegar la fianza para cargos más graves a menos que el acusado demuestre razones convincentes, como que es improbable que el delito conlleve prisión o que las condiciones pueden prevenir la reincidencia. Para asesinato, terrorismo o cometer un delito moderadamente grave mientras ya se está en libertad bajo fianza, el acusado debe probar circunstancias excepcionales, difíciles de demostrar pero posibles si hay una demora importante en el procesamiento. En Canadá, las personas acusadas de un delito tienen un derecho constitucional a una fianza razonable (llamada "libertad provisional judicial" en el Código Penal) a menos que exista una razón sólida para denegarla. Las razones pueden incluir el riesgo de que el acusado huya o un peligro para el público si es liberado. La fianza también puede denegarse si dejar a la persona en libertad socavaría la confianza pública en el sistema de justicia. Se pueden exigir fiadores y depósitos en efectivo, pero no son obligatorios. En lugar de mantener a alguien detenido, un tribunal checo puede aceptar una garantía de una persona o grupo de confianza, una promesa por escrito del acusado, la supervisión de un oficial de libertad condicional o una fianza. La fianza es una opción cuando el acusado está detenido por temor a que huya o continúe delinquiendo, pero no cuando existe riesgo de manipulación de testigos u obstrucción del proceso. La fianza también está excluida para 31 delitos graves específicos (como asesinato, lesiones graves, violación, robo o peligro público) si la persona está detenida por temor a que continúe con su actividad delictiva. La fianza puede ser depositada por el acusado o, con su consentimiento, por un tercero, pero solo después de que ese tercero haya sido informado completamente sobre los cargos, las razones de la detención y la posible pérdida de la fianza. Una vez depositada la fianza, el tribunal debe revisar nuevamente los motivos y decidir si la acepta o la rechaza; si se acepta, el tribunal también puede exigir que el acusado permanezca en el país. El tribunal puede cancelar la fianza si el acusado se fuga, se esconde, no informa un cambio de domicilio (imposibilitando la entrega de documentos judiciales), no asiste a una comparecencia judicial requerida por su propia culpa, continúa con su actividad delictiva, intenta completar un delito anterior, o evita cumplir una pena de prisión, multa u otra sanción. La fianza se mantiene mientras persistan las razones de la detención (incluyendo cargos pendientes) y, si es condenado, hasta que la persona comience su condena de prisión, pague las costas judiciales o liquide una multa ordenada por el tribunal. Si el tribunal también concede una indemnización por daños y perjuicios y la parte perjudicada lo solicita dentro de los tres meses, parte o la totalidad de la fianza puede destinarse a dicha indemnización; de lo contrario, la fianza se devuelve. Tanto el fiscal como la persona detenida pueden impugnar cualquier decisión sobre la detención (incluida la fianza) presentando una queja, lo que lleva a una revisión por parte de un tribunal de apelación. La posibilidad de depositar una fianza se menciona en la ley danesa.